Un total de 157 personas acusadas, millones de euros y una trama en común, la mayor causa contra el narcotráfico a la que se ha enfrentado el Campo de Gibraltar está poniendo entre la espada y la pared al sistema judicial español. Después de dos años desde que estalló la ‘Operación Dismantle‘ ejecutada meticulosamente por agentes de la Guardia Civil, siguen sin conocer cuál es la fecha en la que se celebrará este macrojuicio y continúan a la espera de nuevos avances, aunque algunos de los miembros de esta supuesta organización criminal lo harán dentro de la cárcel, en la que están desde hace más de dos años y en la que estarán, por el momento, dos más, si la Audiencia Provincial no reconsidera su decisión tras el recurso presentado por las defensas.
La macrocausa, de la que forma parte Antonio Tejón Carrasco, arrancó el pasado año 2020 y todavía es poco lo que se conoce acerca de la trama. Aunque lo más llamativo es que tras la última ‘vistilla’ que tuvo lugar a inicios de septiembre de este 2022, tanto el líder del supuesto clan, en este caso el mayor de los hermanos ‘Castañas’, como dos subordinados más, continuarán en la cárcel pese a que no se ha celebrado el juicio que los declare culpables, después de que la Sala acordase la prórroga de prisión provisional para tres de los seis acusados que comparecieron en la vista y brindando la posibilidad de eludir la cárcel de forma provisional bajo prestación de fianzas para los restantes, de 25.000 euros.
Ante esta determinación, las defensas de los inculpados han alertado sobre la improcedencia que supone que «circunstancias ajenas» a los acusados estimen que la lejanía de la celebración del juicio confirme el riesgo de fuga que se «pretende neutralizar» con la prisión preventiva: «En este momento se presuponen inocentes, dos de las cuales concretamente carecen totalmente de antecedentes penales o causas pendientes, tienen un arraigo familiar y social plenamente acreditado, domicilio conocido y estable, son españoles de pleno derecho, y padres de familia con menores a su cargo. Familias de las que llevan separados 24 meses, en los que suceden acontecimientos a veces irreversibles e irreparables con ningún tipo de indemnización en caso de que en el futuro (lejano) se lleve a cabo un juicio justo y se declare su no culpabilidad, como estamos convencidos que sucederá en muchos de los casos, pero por desgracia no se valora nunca lo suficiente, como puede afectar a un presunto inocente por ejemplo, el fallecimiento de su padre estando en prisión provisional 24 meses, y sin que ni él ni su familia espere a corto o si quiera a medio plazo que la justicia cumpla con su obligación de no incurrir en dilaciones indebidas y celebre su juicio. Lo único que denunciamos es que la prisión provisional no puede perder su cautelaridad y excepcionalidad como medida, estando vetado el adelanto de la hipotética pena, que puede ser que ni siquiera se imponga finalmente”, explican en declaraciones a Diario Área.
Dos años prófugo de la justicia y en libertad condicional
Con posterioridad a la comparecencia celebrada el 1 de Septiembre, la supuesta mano derecha del presunto líder, ni más ni menos que el número dos de la lista de investigados en la Operación Dismantle, se personó ante el Juzgado de Instrucción de Sanlúcar de Barrameda Nº3, tras estar 24 meses (dos años) fugado en busca y captura, institución que decidió que el investigado no pisará la prisión antes de la celebración del juicio, habiéndose dictado Auto de libertad respecto a él, con la imposición de medidas alternativas de comparecencia semanal, prohibición de abandonar el territorio nacional y entrega de pasaporte, así como la obligación de informar de cualquier cambio de domicilio, según los documentos judiciales a los que Diario Área ha tenido acceso.
Para la defensa, la Audiencia debería rectificar en su resolución de prorrogar la prisión provisional al menos para los acusados que quedan debajo del número dos de la lista de investigados, evitando así «el agravio comparativo que en este momento existe». De no ser así, los letrados aseguran que acudirán al Tribunal Constitucional.
Si bien el Auto dictado por el Juzgado Mixto nº3 de Sanlúcar de Barrameda razonó de la siguiente forma: «Lo cierto y verdad es que existen en la causa indicios de haberse cometido por el investigado un delito contra la salud pública (…), se ha puesto de relieve el papel de encartado como enlace entre el líder de la organización y los inferiores (hombre de confianza), y se puede desprender que el investigado en connivencia con otro grupo de individuos y mediante el uso de embarcaciones se dedica a introducir grandes cantidades de hachís en el Campo de Gibraltar», decide de forma contundente: «de lo que adolece el presente supuesto es de los fines legítimos que se persiguen con la prisión provisional. Al no existir ni una sola anotación en registro de antecedentes penales por hechos de esta naturaleza o similar”.
Por esta razón, las defensas determinan que se debería aplicar al menos a los acusados que están debajo del número dos de la lista de investigados los mismos parámetros decididos. «En definitiva, el mecanismo de la justicia chirria cuanto menos, y la falta de medios afecta a un funcionamiento acorde a las garantías constitucionales deseables», detallan.
2.000 años de cárcel y 16.000 millones de euros en multas
El Ministerio Fiscal, tal y como recoge en su escrito de acusación, suma una petición de condena para los 157 acusados de 2.000 años de cárcel y más de 16.000 millones de euros en multas.
Los hermanos de la Atunara, tanto el mayor, Antonio Tejón, acusado en ‘Dismantle’, como el menor, Isco Tejón Carrasco, se volverán a reunir el próximo 3, 4, 5 y 6 de octubre para sentarse en el banquillo de los acusados, junto a otras 13 personas procesadas, a los que se les pide grandes años de prisión y multas.