En noviembre de 2018, la Unión Europea (la «UE») y el Reino Unido (el «Reino Unido») concluyeron los términos de un Acuerdo de retiro que estipula la salida ordenada del Reino Unido de la UE. Gibraltar forma parte de estos acuerdos. El Acuerdo incluye un período de transición hasta el final de 2020. El período de transición también se aplicaría a Gibraltar. El Acuerdo ha sido debatido y votado extensamente, pero aún está sujeto a ratificación por el Parlamento del Reino Unido y el Parlamento Europeo.
La puerta ahora está abierta por una breve extensión del proceso del Artículo 50. Habrá una extensión hasta el 22 de mayo si se aprueba el Acuerdo de retiro. La extensión se extenderá hasta el 12 de abril si el Acuerdo de retiro no se aprueba.
Mientras tanto, el Gobierno de Gibraltar («HMGoG») sigue planificando la eventualidad de que el Reino Unido y Gibraltar puedan abandonar la UE sin este Acuerdo.
Propósito
El propósito de este Aviso es explicar el efecto de una salida sin acuerdo de la UE en el manejo de casos legales civiles que involucran a otras jurisdicciones de la UE. Por lo tanto, este Aviso cubre normas como las relativas a la legislación aplicables en litigios civiles y comerciales transfronterizos, procedimientos de insolvencia transfronteriza y cuestiones de derecho de familia.
Posición existente
Gibraltar actualmente aplica las normas de la UE para determinar:
-Los tribunales cuya jurisdicción debería conocer un caso civil, mercantil o de derecho de familia que plantee problemas transfronterizos con otros Estados miembros de la UE;
-Las leyes de qué país se aplican;
-reconocida y ejecutada en las jurisdicciones de cada uno; y
– cómo se manejan los asuntos procesales legales transfronterizos (como la obtención de pruebas en un país para su uso en procedimientos en otro).
Gibraltar también aplica una serie de acuerdos internacionales que leafwectan en virtud de sus términos de pertenencia a la UE. Estos acuerdos también permiten elementos de cooperación judicial con países no pertenecientes a la UE, como Suiza, Noruega e Islandia u otros países que son parte de esos convenios internacionales.
Gibraltar también aplica convenciones internacionales que le han sido extendidas por el Reino Unido.
En caso de un acuerdo de retiro
Con respecto a la aplicación de las normas de la UE, si el Acuerdo de retiro entra en vigencia, el status quo se mantendría hasta el final del período de transición, es decir, el 31 de diciembre de 2020.
La posición en relación con las convenciones internacionales permanecería inalterada por la salida de Gibraltar de la UE, donde el Reino Unido es miembro de tales convenciones por derecho propio y las convenciones pertinentes se han extendido a Gibraltar.
Si no hay acuerdo de retiro
En el caso de un Brexit sin acuerdo, no habría un marco recíproco de la UE que contemple la cooperación judicial civil en curso entre Gibraltar y los Estados miembros de la UE. No obstante lo anterior, la Ley de la Unión Europea de Gibraltar (Retirada) de 2019 (la «Ley») tendrá el efecto de convertir la ley de la UE aplicable a Gibraltar en el momento de su entrada en la ley de Gibraltar. La Ley también creará poderes para permitir que se hagan correcciones a las leyes que de lo contrario ya no funcionarían adecuadamente una vez que Gibraltar haya salido de la UE. Consecuentemente, Gibraltar continuará, de manera unilateral y voluntaria, aplicando la legislación de la UE relevante a las áreas descritas en este Aviso.
Sin embargo, es importante destacar que, después del Brexit, los Estados miembros de la UE no considerarán que Gibraltar está cubierto por las normas de la UE. En su lugar, los Estados miembros de la UE aplicarán sus propias normas nacionales que cubren a los Estados no miembros de la UE. Por lo tanto, a modo de ejemplo, el proceso de registro y ejecución de una orden de fallo obtenida en Gibraltar en un Estado miembro de la UE puede ser más complejo de lo que es actualmente el caso bajo los marcos legales relevantes de la UE.
Además, como se detalla a continuación, Gibraltar continuará aplicando los acuerdos internacionales existentes actualmente aplicables a Gibraltar, como los Convenios de La Haya.
Orientación sobre áreas específicas en un escenario sin acuerdo
– Cooperación judicial civil y mercantil.
Como se explicó anteriormente, la Ley migrará efectivamente la legislación de la UE, que en la actualidad tiene efecto directo en Gibraltar, a la legislación nacional de Gibraltar, de modo que esas reglas continúen aplicándose a partir del día de salida. Por lo tanto, Gibraltar, de conformidad con la legislación nacional, seguirá aplicando, entre otros, el Reglamento de Bruselas [1], el Reglamento de Orden de Cumplimiento [2], el Reglamento de Orden de Pago [3] y el Reglamento de reclamaciones menores [4]. Gibraltar también continuará aplicando el Acuerdo UE / Dinamarca 2005 [5] (que extiende las reglas de Bruselas a Dinamarca) y el Convenio de Lugano (que es la base de la relación judicial civil de Gibraltar con Noruega, Islandia y Suiza). Rl Gobierno de Gibraltar realizará las correcciones necesarias conforme a los vires proporcionados por la Ley para garantizar la operabilidad continua de estos marcos.
Sin embargo, como se subrayó anteriormente, Gibraltar aplicará estas medidas de manera unilateral y no sobre la base de la reciprocidad. Por lo tanto, si se solicita asistencia en los países a los que se aplican estas normas de la UE, es posible que sea necesario solicitarla de conformidad con la legislación nacional aplicable en los países en cuestión o en virtud de convenios internacionales alternativos. En el contexto de este último, es importante tener en cuenta que, en un escenario de No-Acuerdo, el Reino Unido se convertirá, por derecho propio, en parte del Convenio de La Haya de 2005 sobre acuerdos de elección de tribunales y que dicho Convenio se extenderá a Gibraltar.
Por separado, Gibraltar conservará las reglas de Roma I [6] y Roma II [7] sobre la ley aplicable en asuntos contractuales y no contractuales. Esto asegurará que las empresas y los individuos generalmente podrán continuar usando las mismas reglas que en la actualidad para determinar qué ley se aplicaría en las disputas transfronterizas.
– Cooperación transfronteriza de insolvencia
En virtud de la Ley, Gibraltar también continuará aplicando el Reglamento de Insolvencia [8]. Por lo tanto, las órdenes emitidas de conformidad con los procedimientos de insolvencia abiertos en los Estados miembros de la UE se reconocerán en Gibraltar de acuerdo con las mismas reglas.
Sin embargo, es posible que las solicitudes deban realizarse de conformidad con la legislación nacional de un Estado miembro de la UE para que los pedidos realizados en Gibraltar se registren y se reconozcan en otros lugares de la UE.
Además, los procedimientos y sentencias de insolvencia de la UE pueden seguir siendo reconocidos en Gibraltar bajo la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Insolvencia Transfronteriza. Esto ya forma parte de las normas internas de Gibraltar sobre el reconocimiento de insolvencias extranjeras. Los procedimientos y sentencias de Gibraltar también pueden ser reconocidos en los Estados miembros de la UE que cuentan con legislación basada en la Ley Modelo.
– Cooperación en derecho de familia.
En la cooperación de derecho de familia, las principales regulaciones de la UE son Bruselas la [9] y el Reglamento de mantenimiento [10]. La Ley prevé la aplicación continua de estas medidas en Gibraltar.
Alternativamente, en muchos casos, se puede confiar en los Convenios de La Haya pertinentes donde se aplican y Gibraltar, por ejemplo, ha promulgado recientemente una legislación para implementar el Convenio de La Haya de 2007 sobre la recuperación internacional de la manutención de los hijos y otras formas de mantenimiento familiar, que se ampliará a Gibraltar. Otro ejemplo es el Convenio de La Haya de 1970 sobre el reconocimiento de divorcios y separaciones legales.
– Servicio de documentos y obtención de pruebas.
Gibraltar continuará implementando el Reglamento de servicio [11] y el Reglamento de obtención de pruebas [12]. Por separado, Gibraltar continuará participando en el Convenio de La Haya sobre el servicio en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.
– Asuntos relacionados con otras jurisdicciones del Reino Unido
Como parte de la UE, y con respecto a los procedimientos que involucran a las diferentes jurisdicciones que conforman el Reino Unido, no siempre fue el caso de que las normas de la UE se aplicaran entre, por ejemplo, Gibraltar e Inglaterra y Gales. En relación con los instrumentos específicos de la UE, la legislación vigente en Gibraltar preveía a veces la aplicación de las normas de la UE entre Gibraltar y el Reino Unido. Por ejemplo, la Sección 39 (1) de la Ley de Jurisdicción y Sentencias Civiles, aclara que Gibraltar y el Reino Unido serán tratados como si cada uno fuera un Estado miembro separado para todos los propósitos relacionados con los Reglamentos de Bruselas Ia y Bruselas IIa. Otro ejemplo es el Reglamento de Insolvencia (Insolvencias Transfronterizas) de 2014 en relación con el funcionamiento del Reglamento de Insolvencia. Estas reglas no cambiarán.
Todos los demás casos, en los que Gibraltar y el Reino Unido no deben ser tratados como Estados miembros de la UE separados a los efectos de la aplicación de instrumentos de la UE en asuntos judiciales civiles y comerciales, no se verían afectados por una salida sin acuerdo. En estos casos, las normas nacionales, relevantes para la jurisdicción del Reino Unido en cuestión o para Gibraltar, se aplicarían como de costumbre.
En el Reino Unido, el Convenio de Bruselas de 1968 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias en Materia Civil y Mercantil, como cuestión de derecho inglés, continuará aplicándose entre Gibraltar y el Reino Unido en virtud de la Ley de Jurisdicción y Sentencias Civiles de 1982 (Gibraltar ) Orden 1997.
Más información
Este aviso es solo para fines orientativos.
El Gobierno de Gibraltar aconsejaría a cualquier parte en una disputa legal transfronteriza, incluidas empresas, consumidores y familias, a considerar el efecto que estos cambios tendrían en cualquier caso existente o futuro que involucre a partes en Estados miembros de la UE. En su caso, profesional.
Notas al pie:
-1. Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
-2. Reglamento (CE) nº 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se crea una Orden de ejecución europea para reclamaciones no impugnadas.
-3. Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se crea un procedimiento europeo de resolución de pagos.
-4. Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un procedimiento europeo de escasa cuantía.
-5. Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
-6. Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.
-7. Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales.
-8. Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia.
-9. Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.
-10. Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, sobre jurisdicción, legislación aplicable, reconocimiento y ejecución de decisiones y cooperación en asuntos relacionados con las obligaciones de mantenimiento.
-11. Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo al servicio en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación de documentos).
-12. Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los tribunales de los Estados miembros en la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.