El pasado 9 de septiembre el Parlamento Británico cerraba sus puertas hasta el 14 de octubre. Así lo había determinado el Primer Ministro, Boris Johnson. La oposición se le echó encima, el presidente del Parlamento John Bercow anunció su dimisión, pero nada puso parar a Johnson. Hasta ahora.
El Tribunal Supremo de Reino Unido ha sentenciado que el cierre parlamentario es «ilegal». Lo hace al considerar que «perjudica la actividad legislativa y no hay justificación para una medida que podría acarrear consecuencias extremas para la democracia».
La corte, que ha reunido a once magistrados para analizar este caso -el mayor número posible-, ha asumido que «no es una suspensión normal» por el tiempo elegido por el Gobierno, en la medida en el que la actividad no se retomaría hasta el 14 de octubre, a 15 días de la fecha del Brexit.