Un portavoz del Movimiento Gibraltar Pro Life (GPLM) ha recibido una carta enviada recientemente por David Alton, miembro de la Cámara de los Lores, al Ministro Principal y firmada por otros quince representantes públicos de todo el mundo.
La carta pide a Fabian Picardo que no proceda con el proyecto de ley sobre el aborto sobre la base de que el Gobierno de Gibraltar, en común con todos los gobiernos, tiene el deber de actuar en beneficio del público y proteger la vida humana en todas sus etapas.
Los parlamentarios confirman que el Gobierno de Gibraltar no tiene la obligación de introducir una legislación como resultado de una decisión judicial en relación con Irlanda del Norte.
GPLM recoge: «Observamos que usted ha justificado la introducción de esta legislación propuesta basándose en la lectura de una sentencia emitida por el Tribunal Supremo del Reino Unido en relación con las leyes de aborto en Irlanda del Norte. Contrariamente a su posición declarada, somos unánimes en nuestra opinión que esta sentencia no crea ninguna obligación legal para que Gibraltar introduzca ningún cambio en su ley sobre el aborto «.
Además, la carta hace referencia a varios instrumentos de derechos humanos, incluida la Constitución de Gibraltar, que afirman el hecho de que se debe proteger el derecho a la vida.
Sigue diciendo el comunicado: «La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, requieren que los gobiernos protejan el derecho a la vida en términos integrales. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha encontró que no existe un derecho al aborto en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el derecho interno, el derecho a la vida se ha consagrado en sucesivas Constituciones de Gibraltar (en 1969 y 2006)».
Al comentar sobre la declaración, la presidenta de GPLM, Karenza Morillo, dijo:
“Nuestro Ministro Principal ha escuchado de nosotros, la gente de Gibraltar. Ahora él ha escuchado de sus compañeros alrededor del mundo. Él ha escuchado a nuestros líderes religiosos, ha escuchado a expertos legales y médicos y ahora sabe, más que nunca, que no hay necesidad de esta ley, ni apoyo para esta ley. Por el contrario, hay muchas personas aquí en Gibraltar que ya han confirmado que votarán en contra de cualquier político que apoye esta legislación injusta.
Instamos al Ministro Principal, a sus asesores y a este Gobierno, a tener en cuenta los puntos de vista de todos aquellos que han estado en contacto con ellos en las últimas semanas y meses, para expresar su preocupación por el proyecto de ley. En cambio, le pedimos al Gobierno que centre sus esfuerzos en brindar apoyo positivo a las mujeres en embarazos no planificados y a sus familias».
La carta fue una de varias enviadas al Ministro Principal en los últimos días. Una carta de tres académicos (uno de los cuales, el profesor Richard Ekins de la Universidad de Oxford, es un experto en derecho constitucional), también se distribuyó a los parlamentarios que declararon categóricamente que Gibraltar no tiene ninguna obligación legal de cambiar su ley.
La Sra. Morillo concluyó: «Esperamos que nuestros representantes electos examinen estas cartas, que escuchen a la gente de Gibraltar y que el proyecto de ley no se someta a votación en el Parlamento. Si lo es, esperamos que nuestros parlamentarios estén del lado correcto de historia y elegir soluciones para salvar vidas en lugar de poner fin a la vida».