El nuevo proyecto de ley de investigaciones tensa las relaciones entre el gobierno y la oposición en Gibraltar después de que desde el GSD se haya criticado el citado proyecto elaborado con urgencia por el Gobierno de Fabian Picardo, al que han tildado de propiciar presuntamente el «abuso de poder».
La nueva Ley surge apenas unas semanas antes de que comience la investigación (el ocho de abril) que puede detener, modificar o afectar el proceso de la investigación de este relevante caso relacionado con la jubilación del excomisario gibraltareño.
De hecho, este pasado viernes por la tarde, en el Parlamento de Gibraltar, hubo una votación mayoritaria sobre este proyecto de ley que cambiará la base legal de la investigación McGrail. La investigación examina las circunstancias que llevaron a la jubilación anticipada del citado ex comisario.
Según apuntaron distintas fuentes consultadas, dicha jubilación estaría relacionada con una presunta acusación a tres altos funcionarios de Gibraltar de «conspiración para defraudar a una empresa de gran arraigo en la Roca».
Después de una segunda lectura, los nueve ministros liberales del GSLP votaron a favor y los ocho ministros del GSD votaron en contra. Antes de que la nueva legislación se convierta en ley, el Parlamento escuchará la tercera lectura del proyecto de ley el lunes a las 15.00 horas.
En su comparecencia, el líder de la oposición, Keith Azopardi no ha dudado en mostrar su malestar: «El proyecto de ley de investigaciones del gobierno de Picardo busca secuestrar el proceso y va acompañado de una campaña de desinformación por parte del Gobierno, pero la gente está viendo la verdad detrás de todo esto», ha dicho.
Hay que recordar que el pasado jueves, Steve Goodrich, Jefe de Investigación de Transparency International Reino Unido, dijo que el Gobierno no había dado «una garantía absoluta» de que no pondría fin o retrasaría la investigación, y que el ministro principal, Fabián Picardo, en una entrevista con la GBC, había señalado que podría haber situaciones en las que el acceso público a cierta información podría tener que restringirse.