Las autoridades españolas confiscan los automóviles registrados en Gibraltar que pertenecen a ciudadanos del Peñón que viven en España, y los devuelven solo con la condición de que se vuelvan a registrar con placas de matrícula españolas y que el propietario pague derechos de importación sobre los vehículos y las tarifas administrativas, informa la GBC.
La ley en la mayoría de los países establece que el vehículo debe estar registrado en el país donde se reside. Para los gibraltareños que tienen una residencia tanto en Gibraltar como en España, hasta el momento no ha sido un problema, sin embargo, con el confinamiento por el Covid-19, las autoridades españolas están exigiendo prueba de residencia en España para cualquier movimiento.
Si alguien presenta documentación que acredite su residencia en España pero conduce un vehículo registrado en Gibraltar, la ley establece que el vehículo debe volver a registrarse. La GBC indica que ya hay varios automóviles confiscados y que ha tenido acceso a varias facturas de estas demandas, que incluyen los aranceles de importación y una tarifa administrativa. «La factura más baja que hemos visto asciende a solo 42 euros. La más alta fue de una suma de 17.800 euros«.
El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, preguntado sobre este asunto en la conferencia de prensa de este lunes, indicó que su Gobierno «no puede tolerar actividades que sean contrarias a la ley española» y agregó que las normas sobre vehículos han estado vigentes durante 20 o 30 años. Afirmó que simpatizaba con los afectados, pero aclaró que el Gobierno no puede involucrarse en este asunto.