El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha mostrado este viernes su «optimismo moderado» ante el principio de acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, Reino Unido y España sobre Gibraltar, aunque ha advertido que el verdadero contenido “estará en la letra pequeña”, que no se conocerá en detalle hasta octubre.
Tras participar en la reunión convocada en Madrid por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, junto a los alcaldes del Campo de Gibraltar, Sanz ha celebrado que se haya evitado el “auténtico caos” que habría supuesto la falta de acuerdo. No obstante, ha subrayado que el pacto aún deja «incertidumbres» por resolver.
Competencias medioambientales y fiscales
Entre los aspectos que generan preocupación, el consejero ha mencionado la aplicación de la legislación medioambiental europea, especialmente en materias como vertidos, rellenos o control del tráfico marítimo. Ha defendido que la Junta tiene competencias claras en cuestiones como el tratamiento de aguas, residuos o energía, y ha exigido ser parte activa en la ejecución del acuerdo en estos ámbitos.
También ha alertado sobre el impacto del bunkering y las diferencias regulatorias entre el puerto de Gibraltar y el de Algeciras. “Debemos garantizar una competencia leal que no ponga en riesgo la viabilidad del fondeadero exterior del puerto de la Bahía”, ha afirmado.
En el plano económico, Sanz ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una zona económica especial para el Campo de Gibraltar, especialmente para municipios como La Línea, y ha recordado que la UE ha autorizado fórmulas similares en otras regiones de Italia y Estonia. “No entenderíamos que este acuerdo no se aproveche como una gran oportunidad económica y social para la comarca”, ha subrayado.
Participación activa en la redacción del tratado
Sanz ha reclamado la inclusión de la Junta de Andalucía en la redacción final del texto y en su implementación práctica, ya que, según ha defendido, “somos nosotros quienes tendremos que aplicar parte del acuerdo”.
Para ello, ha propuesto la creación de dos mecanismos: una comisión de seguimiento con participación de alcaldes, Mancomunidad y Junta; y un canal directo bilateral entre el Gobierno central y la administración andaluza, en virtud de las competencias autonómicas.
“Después de haber sido excluidos del proceso de negociación, sería ilógico que también se nos dejara fuera de la aplicación y seguimiento del acuerdo. Lo que pedimos es razonable, y esperamos una respuesta positiva del Ministerio”, ha concluido.