Nuevo incidente entre un pesquero de La Línea y la RGP de Gibraltar ha sido denunciado, este jueves, por la Asociación de Armadores Bahía de Algeciras. Su presidente, Leoncio Fernández, lamenta la actuación de «acoso» de la policía gibraltareña y de personal de Medio Ambiente.
Los hechos sucedieron este pasado miércoles. «Se querían llevar el barco para adentro y no tuvimos más remedio que llamar a la Guardia Civil». El barco en cuestión, de nombre ‘Alejandra’ y con base en el Puerto de La Atunara, faenaba en aguas próximas a Gibraltar, «como todos los días donde siempre lo hacemos», comentaba a Diario Área. «Un guardia civil se montó en el barco y la persecución se retuvo», continúa. «Pero la guerra es abierta, ellos dicen que las redes de pesca están prohibidas pero es falso, son legales, tenemos la licencia de la UE«, insiste. «Si no acudimos a la Guardia Civil podría haberse producido algún problema». «Cada vez que intentamos pescar alrededor de Gibraltar como toda la vida, pasa esto y no podemos seguir así». «Hay que poner pie en pared porque Gibraltar practica la pesca deportiva y nadie les dice nada pero nosotros tenemos la autorización de la UE y no tenemos porqué acatar lo que diga Gibraltar», agregó Fernández quién añadió que denunciarán a las autoridades estos hechos.
Gibraltar lo considera una «incursión»
Por su parte, desde Gibraltar, la GBC informaba de que el pesquero había sido denunciado «por el uso de una red de despojo prohibido en las aguas territoriales británicas de Gibraltar».
En respuesta a las preguntas de GBC, el Gobierno dijo que la red había sido detectada antes y que la operación estaba planeada con anticipación. Dijo que la Royal Navy también asistió a la escena después de que llegó un barco de la Guardia Civil, pero que el contacto con la Guardia Civil fue «cordial en todo momento». Sin embargo, un portavoz de The Convent dijo que el incidente es considerado una «incursión por parte de la Guardia Civil, y será protestado ante las autoridades españolas».
Cuando se le preguntó acerca de las preocupaciones de algunos pescadores locales sobre el doble estándar percibido en la aplicación de la ley, el gobierno de Gibraltar apunta a que «los pescadores españoles no pueden actuar con impunidad».