Miguel Ángel Hormigo trabajaba como auxiliar en atención a mayores en el Centro de Día Bellavista de Gibraltar desde marzo de 2017. Hasta que sufrió un accidente en octubre, al resbalar por las escaleras del trabajo.
“Traté de aguantar, pero a las tres de la tarde me tuvieron que llevar al Hospital de Gibraltar”, relata a este medio. Le dieron 15 días de baja, tras los cuales le exigían volver a su puesto, pero él asegura que, en su estado, no podía. Y decidió que lo trataran en España, aportando el formulario S1.
Bajo la normativa europea, los trabajadores transfronterizos suelen estar asegurados en el territorio donde trabajan y es allí donde tienen derecho a asistencia sanitaria. Pero en el caso de que deseen acogerse al sistema sanitario del país donde viven -en este caso España-, solicitan el formulario S1 a la Seguridad Social. Con ese documento, el trabajador y las personas a su cargo se pueden dar de alta donde residen y recibir la asistencia sanitaria española.
En Urgencias del Hospital de La Línea le diagnosticaron un esguince de rodilla que, en realidad, resultó ser una rotura del ligamento anterior, de la que le operaron en mayo de 2018. Luego, debido a un virus posquirúrgico, la herida se complicó. “Me tuvieron que operar de urgencias con una artritis posquirúrgica y una lesión condral de grado 3”, explica. Pero esta segunda operación tampoco quedó bien.
“Tengo las manos atadas”
Su madre, Ana Zapata, también se muestra desesperada: “Cuando, después de todo esto, lo vio una traumatóloga de Puerto Real, me dijo: su hijo se queda inútil, porque lo que tiene ni se implanta, ni se trasplanta, ni se regenera”. Según Zapata, “esta traumatóloga, que le limpió la rodilla, nos dijo literalmente que ‘esa basura’ que le habían hecho en La Línea, que la arreglaran en La Línea”.
Tras un rosario de consultas por distintos especialistas durante un año, finalmente un traumatólogo del Hospital público Virgen del Rocío de Sevilla -donde trasladaron su expediente- vio sus informes y “me mandó al tribunal médico”, explica Miguel Ángel. Le dieron la invalidez total, revisable cada dos años. Sin remuneración.
En la Seguridad Social gibraltareña también le dieron la incapacidad por dos años, “con una mínima paga de 190 libras al mes y sin indemnización por accidente laboral, cuando lo mío fue un accidente de trabajo”. Algo por lo que ahora también está batallando en el Peñón, de la mano del sindicato gibraltareño Unite the Union, con la esperanza de conseguir lo que considera justo.
El coste sanitario
Pero el problema de la rodilla continúa. “Me llamaron el pasado agosto y estoy esperando que el traumatólogo de Sevilla me haga pruebas. Pero tengo treinta años y me tienen con las manos atadas, sin poder trabajar y tampoco me solucionan el problema médico”, afirma Miguel Ángel.
Además, se siente “desamparado” porque, al tener la invalidez durante dos años, “me dieron de baja en la Seguridad Social española y, en una ocasión, hasta me reclamaron el coste de la atención sanitaria». Que no ha pagado, obviamente. «En la Oficina de la Seguridad Social me han dicho que allí ni siquiera aparece que tengo nacionalidad española”, dice, indignado, este linense.
Ahora teme que cuando vuelvan a tratarle la rodilla en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), puedan reclamarle los gastos de nuevo. “Aunque digan que la sanidad es universal, ya me lo pidieron una vez. Podrían hacerlo otra”, afirma. Y, sobre todo, lo que desea es vislumbrar algún camino de futuro por el que salir de tres años de incertidumbres.

