Los rellenos del mar que Gibraltar está cometiendo para levantar el ambicioso proyecto urbanístico Eastside llega a las manos de la justicia. La Fiscalía de Algeciras ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 2 de La Línea de la Concepción para investigar «presuntos delitos» contra la ordenación del territorio y el medio ambiente en la cara este del Peñón.
La actuación del Ministerio Público tiene su origen en una denuncia presentada en octubre de 2024 por Verdemar Ecologistas en Acción, que alertaba sobre posibles irregularidades en el uso de escombros y materiales peligrosos para ganar terreno al mar en una zona declarada desde 2012 como Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental, parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
Según ha confirmado EFE, la Fiscalía ha remitido ya las diligencias al juzgado linense, señalando la imposibilidad de realizar una evaluación científica de los daños debido a la intervención de las fuerzas de seguridad de Gibraltar que impidieron la labor de los investigadores del Instituto Español de Oceanografía. Pese a ello, informes de la Guardia Civil incorporados a la investigación advierten que los rellenos han destruido áreas marinas y alterado significativamente las condiciones físico-químicas del agua y de los ecosistemas locales.
¿Cómo es el proyecto Eastside?
El proyecto urbanístico Eastside, promovido por TNG Global Realty Limited, recibió en abril el visto bueno de la Comisión de Desarrollo y Planificación de Gibraltar para continuar su ejecución. El desarrollo contempla: dos muros de contención; la construcción de 100 viviendas asequibles; un puerto deportivo con espacio para megayates; 400 amarres para embarcaciones pequeñas; un aparcamiento con capacidad para 500 vehículos; y promociones inmobiliarias de alta gama.
El Gobierno de Gibraltar adjudicó en 2021 este proyecto a la TNG Global Foundation, con una inversión estimada de 330 millones de libras (más de 390 millones de euros).
Denuncia de Verdemar
Antonio Muñoz, portavoz de Verdemar Ecologistas en Acción, ha reiterado que su organización no cejará en su empeño por frenar lo que consideran un grave atentado ecológico y urbanístico. El colectivo estudia personarse en la causa judicial que abrirá el juzgado de La Línea tras la denuncia de la Fiscalía.
Por su parte, la promotora del proyecto defendió en diciembre que la legalidad medioambiental del proyecto ha sido respaldada por la Unión Europea, aunque Verdemar insiste en que los rellenos podrían vulnerar la normativa de protección del litoral y los ecosistemas marinos.