El verano está siendo especialmente conflictivo entre España y Gibraltar. Numerosos cruces de declaraciones entre el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce y el Ministro Principal, Fabian Picardo, han ocupado las portadas, de nuevo, por las aguas que rodean a la roca. Los pescadores de La Línea también han trasladado sus quejas ante lo que consideran un «hostigamiento continuo de las patrulleras gibraltareñas» y, recientemente, España implantaba nuevos controles a los que Gibraltar amenazó con responder. Todo esto con un acuerdo en el aire y los ciudadanos, como es habitual, como principales perjudicados.
Entre los prejuicios, se suma el que los ciudadanos del Peñón están viviendo en los últimos meses y estrechamente relacionado con el incremento de la construcción en la colonia. La creciente industria de la construcción en Gibraltar ha generado inmensos cúmulos de residuos de construcción y demolición que amenazan gravemente el bienestar de los ciudadanos y el medio ambiente en la región. La situación se ha vuelto alarmante debido a la negativa por parte de las autoridades competentes, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para resolver este problema.
En un documento al que ha podido acceder Área, es el propio Gobierno de España el que emite un informe desfavorable para trasladar miles de toneladas de residuos de construcción y demolición alegando motivos de soberanía en sus argumentos, entre otros, el de que muchas de las construcciones han tenido lugar en aguas territoriales españolas. Esta situación ha llevado a una emergencia en la ciudad, con residuos acumulándose en todas las áreas, poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente.
La paralización de las autorizaciones transfronterizas durante más de un año, según expertos medioambientales y los propios empresarios de la zona, ha acarreado consecuencias graves en todos los aspectos, afectando no solo a la economía local sino también al bienestar de los ciudadanos tanto gibraltareños como a los más de 10.000 transfronterizos.
Lo cierto es que las tensiones de los últimos meses en el Peñón, dejan lejos los intentos de la prosperidad compartida de la que mucho se ha oído hablar en los últimos años. Además, numerosas empresas, tanto españolas como gibraltareñas, aseguran a Área estar sufriendo las consecuencias del atraso en las autorizaciones, lo que representa un serio obstáculo para el desarrollo económico y la creación de empleo en la región y hacen un «llamamiento urgente a las autoridades competentes, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para que abandonen las disputas políticas y actúen de manera responsable para encontrar soluciones colaborativas y efectivas. La acumulación de residuos de construcción y demolición es un problema que debe abordarse de manera prioritaria, protegiendo la salud de los ciudadanos y preservando el medio ambiente».