El gobierno de España, pese a la actual crisis diplomática con Marruecos, “no renuncia” a crear otra zona de prosperidad compartida entre Ceuta y la Wilaya de Tetuán, como la que se trabaja para Gibraltar y el Campo.
Así lo destacó el secretario de Estado para la Unión Europea (UE), Juan González-Barba, que visitó ayer Ceuta y Melilla. Ante los medios, González-Barba aseguró que -después de que Marruecos permitiese la entrada de 12.000 migrantes en 48 horas en Ceuta- España “está considerando” suprimir la excepcionalidad que permite a los residentes de Tetuán y Nador acceder sin visado a Ceuta y Melilla, respectivamente.
De esa manera, el control fronterizo quedaría en el paso con Marruecos y no en el Puerto. El asunto es muy relevante y requiere “del máximo consenso”, debido a la intensísima relación económica, social y humana transfronteriza entre Ceuta y Melilla y sus wilayas limítrofes.
Además, España está estudiando solicitar a la UE la entrada de Ceuta en la Unión Aduanera Europea y un nuevo modelo económico que actualice y reforme su actual régimen económico y fiscal especial.
Todos esos cambios no implican, según indicó, que España renuncie a la prosperidad de la ciudad autónoma. Ni a que ésta esté ligada a su zona fronteriza inmediata, con un modelo igual al que se está trabajando en el caso de Gibraltar y el Campo por el Brexit.
Modelo similar a Gibraltar-La Línea
González-Barba aclaró que los cambios que se estudian para Ceuta y Melilla “no quieren decir que España renuncie a que la prosperidad de Ceuta pueda ir ligada a la del territorio marroquí más próximo, la wilaya de Tetuán, como se quiere hacer con Gibraltar y su entorno”.
Hace más de un año, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, planteó formalmente la necesidad de apostar por “un futuro más estable y seguro” con una mayor presencia del Estado y bajo el paraguas de las políticas europeas.
Entre sus propuestas concretas en esa línea ya planteó la conveniencia de “revisar” la actual excepción al Tratado de Schengen para “reducir la presión migratoria y su impacto sobre determinados servicios y ámbitos (área de Menores, Sanidad, Educación, Puerto); mejorar la eficacia en la contención de dicha inmigración; y lograr que sean las autoridades españolas y no las marroquíes quienes decidan quién entra en Ceuta”.
En un comunicado posterior, Exteriores reconoció que “la reciente crisis ha tensionado la prestación de servicios públicos y se compromete a reforzar el papel del Estado en la ciudad autónoma”.

