La ley de libertad de información de Gibraltar, aprobada de forma unánime por el Parlamento de Gibraltar, entrará en vigor la semana que viene. En virtud de esta norma, cualquier residente en Gibraltar mayor de edad podrá solicitar información.
Se cobrará un precio inicial de 10 libras esterlinas por cada solicitud. No habrá gastos adicionales para el seguimiento, la recopilación y la provisión de la información, cuyo cálculo asciende a 100 libras o menos.
Se incorporará un portal de libertad de información en el apartado de servicios electrónicos del sitio web del Gobierno. El portal contiene una copia de la ley y de los formularios de solicitud y las notas orientativas para quienes sean aptos para solicitar información y deseen ejercer este derecho.
Ello permite al sistema operar de forma electrónica, dado que las solicitudes de información, las respuestas y los pagos pueden realizarse a través del nuevo canal. Se ha establecido la dirección de correo electrónico para gestionar las solicitudes.
Además, la Oficina de Asesoramiento al Ciudadano será el punto de contacto para cualquier persona que necesite asistencia a la hora de utilizar el portal electrónico.
La responsabilidad de divulgar o no la información solicitada recaerá en las autoridades del Gobierno. La autoridad reguladora de Gibraltar, ahora comisionado de Información, será responsable de la supervisión y hará las veces de organismo de recurso de las decisiones adoptadas.
Inicialmente, la ley solo será de aplicación para aquellas autoridades públicas citadas expresamente en una relación que se ha publicado. Los primeros tres departamentos incluidos serán el de Educación, el de Recursos Humanos y el Archivo Nacional. El personal de estos tres departamentos ha recibido formación para familiarizarse con sus deberes y obligaciones en virtud de la ley.
Un informe anual
El número de autoridades públicas aumentará paulatinamente a medida que progrese la valoración sobre el funcionamiento del sistema. La legislación ya prevé que se presente un informe anual ante el Parlamento sobre la aplicación de la ley de libertad de información.
Además, el mecanismo para responder a las preguntas de la prensa, que se recibirán y responderán de forma diaria, y el de las respuestas a las preguntas parlamentarias, que previsiblemente mantendrá su carácter mensual, permanecerán inalterados y no se verán afectados por esta legislación.
El viceministro principal, Joseph García, que lideró el proceso de la legislación en el Parlamento, explicó que “el Comisionado de Información monitorizará la aplicación de la legislación en todo momento, incluso durante su primera fase, y el gobierno estará abierto a abordar cualquier cuestión que pueda surgir a medida que avanzamos”.
Ha añadido, además, que “se garantizará que el sector público sea plenamente consciente y pueda acostumbrarse a los procedimientos prácticos y los requisitos de la ley antes de que las obligaciones que contiene le afecte”. No obstante, ha admitido que, pese a este importante paso adelante, “sigue habiendo trabajo por hacer”.