La Policía Nacional consiguió contactar con casi 90 posibles perjudicados durante la investigación de la presunta estafa relacionada con falsas promesas de empleo en la estiba del Puerto de Algeciras. Sin embargo, apenas la mitad de esas personas decidió acudir a dependencias policiales para declarar como afectada por unos hechos que ahora se juzgan en la Audiencia Provincial de Cádiz, en su sede de Algeciras.
Es uno de los datos más relevantes conocidos durante las primeras sesiones de un juicio que comenzó este martes, 13 de octubre, y que ha continuado este miércoles con las declaraciones de quienes aseguran haber entregado importantes cantidades de dinero a cambio de conseguir un puesto de trabajo como estibadores.
Según ha explicado Enrique del Águila, de Hércules Abogados, uno de los letrados que ejercen la acusación particular, la Policía Nacional logró identificar y contactar con cerca de 90 posibles afectados durante la investigación. Sin embargo, solo algo más de 40 dieron el paso de acudir a dependencias policiales para declarar como perjudicados.
La cifra permite conocer el alcance que llegó a tener la investigación policial, más allá de las personas que terminaron denunciando los hechos y participando en el procedimiento.
Una investigación policial que se prolongó durante más de un año
La primera jornada del juicio comenzó con las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas de los tres procesados. Posteriormente, el tribunal dio paso a la práctica de la prueba testifical.
Los primeros en comparecer fueron varios agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación.
Entre las declaraciones destacó la de la agente instructora que intervino en las pesquisas desarrolladas desde La Línea de la Concepción, quien explicó ante el tribunal cómo se había llevado a cabo una investigación policial que se prolongó durante más de un año.
Una vez concluidas las comparecencias de los agentes, comenzaron las declaraciones de los perjudicados, que han continuado durante la jornada de este miércoles.
Las acusaciones tratan de acreditar que los tres procesados participaron en un supuesto entramado mediante el que numerosos aspirantes entregaron cantidades de dinero bajo la promesa de conseguir un empleo estable en el Puerto de Algeciras, unas contrataciones que nunca llegaron a materializarse.
El juicio continuará con las declaraciones de los perjudicados
La sesión de este jueves, 15 de octubre, estará dedicada inicialmente a continuar escuchando a los afectados que todavía tienen pendiente prestar declaración.
Una vez concluida esta fase, está previsto que comiencen las comparecencias del resto de testigos propuestos por las partes.
De esta manera, el procedimiento no quedará concluido este jueves, pese a que inicialmente se habían señalado tres jornadas consecutivas para la celebración de la vista oral.
Según las previsiones trasladadas por la acusación particular, el juicio tendrá continuidad dentro de aproximadamente dos semanas, siempre que puedan completarse antes las declaraciones pendientes.
En esa siguiente fase está previsto que se proceda a la reproducción de vídeos incorporados a la investigación, que las acusaciones consideran relevantes para demostrar cómo se habrían desarrollado las presuntas estafas.
Posteriormente se practicarán las pruebas periciales y se dará paso a las conclusiones finales de la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas.
Tres acusados por una presunta trama de falsas contrataciones
Los hechos investigados se remontan principalmente al periodo comprendido entre 2017 y 2019, cuando decenas de personas habrían entregado cantidades que, en algunos casos, alcanzaron los 35.000 euros con la esperanza de acceder a un empleo en la estiba.
Entre las pruebas incorporadas al procedimiento figuran conversaciones de WhatsApp, grabaciones de reuniones, vídeos y documentación bancaria.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita penas de hasta diez años de prisión para los tres acusados, mientras que la acusación particular ejercida por Enrique del Águila, de Hércules Abogados, y Ricardo Fanegas, de Roa Legal, reclama 88 años de prisión para cada procesado, como suma de las penas interesadas por diez presuntos delitos de estafa independientes y otro de organización criminal.
Los diez perjudicados representados por estos letrados aseguran haber entregado 265.000 euros y reclaman una compensación económica total de 890.000 euros, incluyendo la devolución del dinero, daños y perjuicios y lucro cesante.
El procedimiento continuará con la práctica de las pruebas y las declaraciones pendientes antes de quedar visto para sentencia. Los tres procesados mantienen su presunción de inocencia y será el tribunal el que determine las posibles responsabilidades penales y económicas.